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Mohamed El Ghaidouni, 18/08/2025
Las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, recogidas en Religión Digital, reflejan un juego político complejo: por un lado, intenta marcar distancia con el extremismo de Vox al criticar su “agresividad” hacia los obispos; por otro, reproduce narrativas que alimentan la idea de confrontación entre religiones en España. Esa ambigüedad proyecta la imagen de un líder moderado, pero en la práctica contribuye a reforzar marcos populistas de sospecha y división.
El falso dilema entre católicos y musulmanes.
Feijóo acusa al Gobierno de “proteger más a los musulmanes que a los católicos”, un argumento que instala un dilema inexistente. La Constitución española de 1978 es clara: el Estado es aconfesional y garantiza la libertad religiosa para todas las confesiones (artículos 14 y 16). Plantear que los derechos de unos se ejercen en detrimento de otros es una estrategia política de rentabilidad electoral, no un diagnóstico real.
Además, resulta paradójico hablar de trato desigual cuando la Iglesia católica sigue gozando de privilegios que ninguna otra confesión posee: financiación estatal, presencia curricular en el sistema educativo, acuerdos bilaterales con la Santa Sede y un estatuto jurídico singular. Hablar de “favoritismo hacia los musulmanes” es, en el mejor de los casos, una exageración retórica; en el peor, una forma de alimentar prejuicios sociales.
El debate sobre el velo: dignidad o estigmatización.
El líder popular defendió la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos en nombre de la “dignidad de la mujer” y la “seguridad”. Este planteamiento, ya adoptado en otros países europeos, merece ser analizado con cautela. La medida se presenta como una protección de derechos, pero en realidad reduce la complejidad de las realidades individuales de las mujeres musulmanas, muchas de las cuales eligen libremente cómo vestir.
Además, invocar la “dignidad” exclusivamente en este caso resulta inconsistente cuando existen múltiples prácticas sociales y culturales que también condicionan la libertad femenina sin ser objeto de regulación política. Al final, más que proteger, este tipo de discursos corre el riesgo de estigmatizar y de convertir la diferencia cultural en un problema de seguridad.
Jumilla: una prohibición disfrazada de neutralidad.
En relación con la polémica moción aprobada en Jumilla, Feijóo defiende que “no se ha vetado a ninguna religión”, sino que el ayuntamiento ha ejercido su competencia para reservar las instalaciones deportivas al deporte. Sin embargo, la medida nace de una propuesta de Vox que pretendía prohibir específicamente celebraciones musulmanas, en particular las vinculadas a la fiesta del Cordero.
Presentar esta decisión como neutral es un ejemplo de equivalencia falaz: en la práctica, la medida afecta directamente a una comunidad concreta que venía haciendo uso de esos espacios, mientras que el impacto sobre otras confesiones es meramente simbólico.
Entre el cálculo político y la convivencia social.
Feijóo insiste en que España tiene profundas raíces cristianas y que la religión católica es mayoritaria, algo indiscutible desde el punto de vista histórico y cultural. Sin embargo, el verdadero reto de un Estado democrático no es reafirmar mayorías, sino garantizar que las minorías disfruten de derechos plenos y sin estigmatización.
Al acusar al Gobierno de “anticlerical” y “cínico”, Feijóo cae en el mismo populismo que dice criticar en Vox: la instrumentalización de la religión como arma electoral. El resultado no fortalece la convivencia, sino que alimenta la percepción de conflicto cultural.
Lo que debería importar: igualdad y aconfesionalidad.
España no necesita más debates sobre qué religión recibe más “protección”, sino un compromiso político real con la aconfesionalidad del Estado y la igualdad efectiva entre ciudadanos, con independencia de su fe. Eso implica no solo respetar la libertad religiosa, sino también evitar su uso partidista.
El verdadero liderazgo no se demuestra marcando distancias retóricas con los extremismos, sino desactivando los marcos que los sostienen. Y en ese terreno, Feijóo aún parece más preocupado por competir con Vox que por defender un horizonte común de convivencia.
