Mohamed El Ghaidouni El Morabet. Barcelona, 14 de noviembre de 2025.
La propuesta presentada por Vox en el Parlament de Catalunya, en la que se pretende declarar el “EL ISLAM”, punto número uno de la propuesta de resolución, como un movimiento político-religioso incompatible con Occidente, no es un simple ejercicio retórico ni una provocación más. Es un ataque frontal a la convivencia pacífica, a la diversidad cultural y religiosa, y a los principios básicos que sostienen la cohesión social en Cataluña. Es, además, un intento de introducir en la esfera institucional un discurso que alimenta el miedo, legitima la exclusión y fractura a la ciudadanía.
En lugar de fortalecer la convivencia, Vox propone una narrativa que busca señalar a parte de la población catalana —los ciudadanos de tradición o fe musulmana— como un bloque homogéneo, problemático y culturalmente incompatible con la sociedad en la que viven. No se trata solo de una propuesta jurídicamente inviable. Se trata de una amenaza social real, porque su efecto no es normativo, sino simbólico: romper el tejido humano que permite que Cataluña sea una sociedad plural, abierta y democrática.
Una iniciativa que convierte la diversidad en sospecha
Lejos de presentar datos rigurosos o análisis serios, la propuesta recurre a generalizaciones que mezclan religión, inmigración, conflicto y seguridad. Esta amalgama busca trasladar a la opinión pública la idea de que existe una incompatibilidad estructural entre la identidad catalana o europea y la fe de cientos de miles de conciudadanos. Es un planteamiento insostenible y profundamente irresponsable, porque construye un enemigo interno imaginario sobre el que después se justifican medidas discriminatorias.
Cuando un partido político señala a un colectivo entero como amenaza cultural o de seguridad, no está defendiendo la seguridad. Está fabricando una excusa para erosionar la convivencia y legitimar discursos de hostilidad. Las sociedades no se rompen por la presencia de diversidad, sino por quienes intentan dividirlas deliberadamente.
Una amenaza a la paz social
Cataluña ha construido, durante décadas, espacios de convivencia intercultural que son un referente europeo. Familias de distintas tradiciones religiosas conviven en los mismos barrios, niños de orígenes diversos comparten escuelas, y la interacción cotidiana demuestra que la pluralidad no es un riesgo: es una riqueza.
Vox pretende sustituir esta realidad por un relato de enfrentamiento civilizatorio. Su discurso no tiene como objetivo mejorar la seguridad, sino producir desconfianza, alimentar tensiones y polarizar a la población. Cuando el representante público construye al “otro” como una amenaza, está socavando las bases psicológicas y sociales de la paz. Su propuesta tiene, por tanto, un efecto directo en la convivencia: incrementa el miedo, deteriora las relaciones vecinales y dificulta la integración.
Instrumentalizar la religión para dividir a la sociedad
En una sociedad democrática, las creencias religiosas son un ámbito protegido, que pertenece a la esfera íntima y comunitaria de las personas. Vox, sin embargo, instrumentaliza el Islam como herramienta política para generar conflicto. No habla de teología, ni de prácticas religiosas concretas: construye un bloque homogéneo al que presenta como incompatible con la “cultura occidental”.
Esta estrategia no solo es intelectualmente falaz; es socialmente letal. Parte de la premisa de que una religión entera es incompatible con la vida democrática, una afirmación que pone en riesgo la igualdad, la dignidad y los derechos de quienes profesan esa religión. El objetivo no es analizar conductas individuales ni abordar problemas reales, sino crear un clima de sospecha permanente sobre miles de ciudadanos.
El Estado español como garante de la libertad religiosa y la diversidad
Es importante recordar que el marco jurídico español —la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los acuerdos de cooperación con las confesiones— protege expresamente la libertad religiosa, la igualdad y la diversidad cultural. El Estado español ha construido, durante más de cuatro décadas, un modelo que reconoce y garantiza que todas las confesiones, incluida la musulmana, puedan desarrollarse en libertad.
Este modelo no es solo un marco normativo; es un compromiso ético y democrático. Mientras Vox intenta dividir a la población según su religión, el Estado español reconoce a las minorías religiosas como parte integral de la sociedad y garantiza su derecho a vivir conforme a sus creencias sin discriminación alguna. Esa es la verdadera esencia de la convivencia democrática: no señalar, sino integrar; no sospechar, sino proteger.
Europa y el marco común de respeto a la diversidad
El contexto europeo refuerza esta idea: las instituciones europeas, los tribunales y los tratados consideran la libertad religiosa y la diversidad cultural como pilares fundamentales de la convivencia democrática. No se trata de una ideología, sino de un consenso jurídico y civilizatorio.
Las democracias europeas saben que cuando se declara a una religión “incompatible” con la sociedad, lo siguiente que se erosiona son las libertades civiles, los derechos de las minorías y, finalmente, la cohesión social. Este es el camino que Vox propone abrir en Cataluña.
Vox, una amenaza a la convivencia democrática
La propuesta presentada no fortalece la democracia; la debilita. No defiende la seguridad; crea inseguridad social. No busca la integración; alimenta la fractura. Vox pretende transformar la diversidad religiosa en un conflicto cultural que no existe, con el único fin de obtener rédito político a través de la confrontación.
Si esta narrativa se normaliza, el riesgo es enorme:
• polarización social creciente
• aumento de la discriminación hacia musulmanes
• tensiones vecinales
• ruptura del sentimiento de pertenencia compartida
• debilitamiento de la confianza institucional
Cataluña no necesita más fronteras simbólicas, sino más convivencia, más diálogo y más reconocimiento mutuo.
Conclusión
Vox no representa una alternativa legítima dentro del pluralismo democrático: representa una amenaza directa a la convivencia, la paz social y la diversidad cultural y religiosa. Su propuesta vulnera principios que han permitido construir sociedades abiertas, respetuosas y cohesionadas.
Las instituciones y la ciudadanía tienen la responsabilidad de defender aquello que mantiene unida a una sociedad democrática: el respeto mutuo, la igualdad de derechos y la libertad religiosa. Frente a los discursos que dividen, es imprescindible reivindicar la diversidad como una fortaleza y no como un enemigo inventado.
